Ministerio de Educación Inicia Inspección de Espacios Alquilados en Colegios Públicos
El Ministerio de Educación (Minedu), a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), inició un proceso de supervisión en colegios públicos de la capital para verificar el estado de sus instalaciones y analizar los contratos con terceros que puedan interferir en el servicio educativo.
Conflicto por Terreno en Villa El Salvador
La acción responde a la decisión del Gobierno nacional de priorizar los casos en los que la ocupación de terrenos afecta el funcionamiento escolar. La inspección permitió identificar la situación de la Institución Educativa 7093 República de Francia, en Villa El Salvador (VES), donde la comunidad exige la recuperación de un terreno originalmente destinado a la construcción de nueva infraestructura.
Actualmente, esa área se encuentra en manos de la empresa Inversiones Whitman E. I. R. L., lo que ha derivado en un conflicto judicial que involucra al Minedu y la compañía concesionaria. Familias del colegio República de Francia aseguran que una empresa utiliza desde 2021 un terreno de la institución para canchas deportivas.
Amenazas y Coordinación Interinstitucional
Según información proporcionada por la institución educativa a la UGEL 1, el área donde hoy funciona una cancha de gras sintético está judicializada por un litigio entre el Minedu y la empresa privada. Padres de familia y dirigentes han reportado presuntas amenazas e intimidaciones vinculadas al conflicto, entre ellas cartas notariales y la presencia del representante de Inversiones Whitman E. I. R. L. en el plantel.
La DRELM precisó que estos hechos serán comunicados a las autoridades competentes para que se realicen las acciones que correspondan, y anunció un acompañamiento permanente a la comunidad educativa durante el proceso.
Prioridad: Recuperación de Espacios Educativos
El director de la DRELM, Cornelio Gonzales, anunció acciones para recuperar el espacio educativo y señaló que padres de familia habrían recibido amenazas durante sus reclamos. Gonzales Torres aseguró que la prioridad es proteger a los estudiantes y padres de familia que realizan los reclamos. Los espacios dentro de los colegios pueden ser concesionados por un periodo limitado.
“No podemos permitir que procesos pendientes continúen retrasando obras que beneficiarán a nuestros estudiantes. Cuando un convenio concluye y no se devuelve un bien del Estado, corresponde que las autoridades competentes actúen para recuperar ese patrimonio”, afirmó Cornelio Gonzales. La autoridad educativa subrayó que la ocupación de terrenos limita la ejecución de proyectos de infraestructura y afecta las condiciones de aprendizaje. Por ello, se coordinarán acciones con el Poder Judicial para garantizar la recuperación de los espacios y el cumplimiento de la ley.
Alquileres en colegios tienen un plazo máximo de un año.